La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación sobre los contratos del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió para dilucidar si hubo delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el que habría cobrado 55.000 euros. OKDIARIO adelantó el 23 de febrero cuál sería la decisión de la Fiscalía sobre un caso politizado por la izquierda política.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado el archivo en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destaca que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid».

Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, «en escrupuloso respeto» de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas.

Tal y como público este periódico, fuentes judiciales ya aseguraron en marzo que «esta causa no tiene recorrido judicial», sin embargo, el fiscal incoó las diligencias con el objetivo de esclarecer cualquier duda sobre la legalidad de las adjudicaciones a la empresa Priviet Sportive durante la pandemia del covid-19. Añadieron: «Para que en le futuro no exista sospecha alguna sobre la gestión de Ayuso». «Pues desde este jueves ya no existe duda alguna sobre la legalidad del contrato adjudicado al hermano de la presidenta madrileña», exponen ahora las mismas fuentes.

Archivo

Con este propósito, el de no dejar dudas al respecto sobre la legalidad en la gestión de la Comunidad de Madrid, el fiscal jefe Alejandro Luzón revisó toda la documentación aportada por los denunciantes –PSOE, Podemos y Más Madrid– hasta culminar la investigación. Una vez practicadas las diligencias oportunas ha decretado el archivo de las actuaciones porque «no existen indicios suficientes para judicializar la causa»,  según explicaron a este periódico. Entre esas diligencias también destacó llamar a declarar a varios testigos entre ellos el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. 

Los SMS

Del mismo modo, el fiscal ha comprobado «las pruebas» incorporadas en las denuncias. Entre ellas, destacaban unos SMS de un número desconocido que recibieron Íñigo Errejón y Mónica García hace cuatro meses. En la denuncia, la líder de Más Madrid reconoce que los mensajes no le parecieron lo suficientemente «veraces» como para ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. Ni siquiera García ni nadie de su equipo ha contactado ni ha podido hablar con el supuesto denunciante. Los mensajes fueron mandados desde un número de teléfono que no estaba oculto, por lo que podría parecer sencillo rastrear y averiguar a quién pertenece.

En los mensajes, el denunciante aseguraba que «la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para EPIS –equipo de protección individual– y mascarillas de Ifema». Sin embargo, expresaba que «no se había atrevido a poner en conocimiento de la Fiscalía tales hechos» y tampoco quiso dar la cara ante los dirigentes de Más Madrid para ampliar la información. Fuentes judiciales consultadas por este periódico afirmaron en marzo que «en muchas ocasiones, se denuncian hechos gravísimos bajo el paraguas de ‘me lo mandó un anónimo’ y, de esa manera, la Justicia no puede perseguir al denunciante por denuncia falsa».

Además, hay que destacar que el contenido del documento anónimo contra Isabel Díaz Ayuso que recibió el Partido Popular –y que el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, filtró a la prensa– coincide con el de los SMS que Más Madrid presentó a la Fiscalía. Coinciden incluso en los errores. Ambos mensajes aseguraban que el hermano de la presidenta había intervenido en la adquisición de EPIS, un dato falso.